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El gobierno español resta importancia a la ruptura con el partido del independentista catalán Puigdemont / Foto: Ed Jones - AFP
El gobierno español resta importancia a la ruptura con el partido del independentista catalán Puigdemont
El gobierno de izquierdas español minimizó el martes la ruptura anunciada por el partido independentista catalán de Carles Puigdemont, que incrementó las dudas sobre la supervivencia de la frágil coalición de izquierdas.
Los votos de los siete diputados de Junts per Catalunya fueron clave para que el socialista Pedro Sánchez fuera investido de nuevo presidente del gobierno tras las ajustadas elecciones generales de 2023, que formaron un Parlamento sin mayoría clara.
El líder de la formación separatista, Carles Puigdemont, que lleva ocho años residiendo en el extranjero para eludir la justicia española, anunció el lunes que retiraba totalmente su apoyo al gobierno, del que ya se había convertido en un socio parlamentario inestable, dificultando su aprobación de leyes.
La portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, indicó sin embargo este martes que "todas las relaciones tienen sus subidas y bajadas" y que continuarán trabajando con "diálogo y mano tendida".
Tras unas complejas negociaciones, Junts accedió a brindarle el apoyo clave a Sánchez para lograr su investidura tras las elecciones de hace dos años.
A cambio, el líder socialista se comprometió, entre otros, a impulsar la ley de amnistía para los independentistas procesados por la tentativa separatista de 2017, a trabajar para que el catalán sea lengua oficial de la Unión Europea o a realizar reuniones periódicas con un mediador para comprobar el avance de los acuerdos.
Pero para Junts, que siempre enfatizó que estos acuerdos no implicaban un apoyo a todas las leyes impulsadas por el ejecutivo de izquierdas, los socialistas no han cumplido.
Aunque finalmente el Parlamento español aprobó la ley de amnistía en 2024, Puigdemont no pudo beneficiarse todavía porque el Tribunal Supremo decidió que no era aplicable a los investigados por delito de malversación.
Quien fuera presidente del gobierno regional durante la intentona separatista de 2017 sigue residiendo en Bélgica a la espera de que el Tribunal Constitucional español decida sobre el recurso que presentó para poder acogerse a la ley.
Alegría afirmó que el gobierno cumplió con los acuerdos que "han dependido única y exclusivamente" de ellos, y que están "trabajando" para que el resto salgan adelante.
M.Lombardi--INP
